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En primer sitio, debe atenderse a la verdad social y económica de los hogares en el actual contexto caracterizado por determinadas dinámicas de crecimiento de precios e insuficiencia de propuesta asequible de vivienda, Figuraí como de sobreexposición financiera de los hogares al plazo del inquilinato, extendiendo determinadas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda que fueron introducidas en el Existente Decreto-condición 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

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a) Las circunstancias relativas a si la entrada o permanencia en el inmueble está motivada por una situación de extrema falta. Al intención de analizar el estado de necesidad se valorará adecuadamente el mensaje de los servicios sociales emitido conforme al apartado subsiguiente.

c) Que la situación de suspensión de toda actividad se haya mantenido desde el 1 de julio de 2024 hasta la vencimiento de entrada en vigor de este Existente decreto-ley.

La disposición derogatoria única suprime cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Vivo decreto-índole.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Existente decreto-ley.

Cambios en la normatividad: La normatividad en Colombia cambia resolución 0312 de 2019 de que habla constantemente, por lo que es importante desempolvar la matriz lícito para reverberar estos cambios.

5. El incumplimiento total o parcial del objetivo o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de las ayudas, alcanzaría lado a su reintegro en los siguientes términos:

Ambas circunstancias son la razón evidente que justifica que se implementen las medidas que se concretan en el Positivo decreto-calidad. Al tratarse de modificaciones legales, requieren que se apliquen en una norma con este rango, y la propia situación de emergencia obliga a acometerlas con la máxima celeridad, lo que no permite la tramitación de una clase ordinaria.

c) Certificados emitidos por las personas titulares de las Consejerías competentes de comunidades autónomas titulares de servicios ferroviarios interurbanos y metropolitanos (excluyendo CRTM y ATMB y los servicios ferroviarios de titularidad autonómica prestados por Renfe Viajeros SME, SA) de los ingresos por tarifa correspondientes al año 2018 por dichos servicios.

Estas normas son fundamentales y deben estar presentes en la matriz de requisitos legales de cualquier empresa.»

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